Los actores no acreditaron su interés jurídico, directo e inmediato, comprometido en el resultado del juicio y en la protección de la garantía constitucional invocada.

Aun cuando se hayan concedido ampliaciones de plazo con anterioridad, por mandato legal la modificación del contrato de concesión requiere de determinados actos administrativos, los que no ocurrieron en el caso.

La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.