La Corte de Santiago estimó que las afectadas no poseen un derecho indubitado que amerite la cautela de emergencia que subyace en la acción constitucional, por lo tanto, el recurso no puede ser admitido a tramitación.
Las peticiones del recurrente, por su naturaleza, desbordan el propósito y objetivo de la acción de protección.
Los fondos extraordinarios tuvieron por finalidad solventar los mayores gastos que los municipios han debido realizar en el ámbito de sus funciones, lo que no incluye la intervención del personal militar.
Las declaraciones objeto de la consulta constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, y en caso de reiterarse terminarán afectando el carácter no deliberante exigido.
Las restricciones que se imponen al comercio se enmarcan dentro de la política pública para evitar la propagación del contagio por Covid-19, cuyo mérito o conveniencia no le corresponde al Poder Judicial.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres está conformado por un conjunto de entidades públicas y privadas que se organizan de manera escalonada para garantizar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres.
La potestad invalidatoria de la Administración se ejerce con audiencia previa del interesado y no puede ejercerse si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación del acto que se trata de invalidar.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en síntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
