El proyecto de ley que da solución a la deuda histórica de profesores y profesoras propone un monto de $4 millones 500 mil pesos por persona, reajustable, cuyo pago será progresivo, abarcando al universo total de docentes en un plazo de 6 años.
Los senadores Quintana, Velásquez, Espinoza, Sanhueza y García coincidieron en la pertinencia de trabajar con el Ejecutivo mejoras al contenido del proyecto en las próximas sesiones de la Comisión de Educación.
En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.
El proyecto busca que los administradores de bienes inmuebles públicos que se encuentren habilitados para la práctica de la actividad física y el deporte, cuenten con mecanismos que permitan facilitar su uso a organizaciones deportivas sin fines de lucro.
La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del establecimiento educacional al cancelar la matrícula.
Se aplica a su respecto el artículo 74 del Código del Trabajo, por lo que el beneficio no puede suspenderse, o trasladarse a una época distinta de aquella que corresponde a la interrupción de actividades escolares-, por el hecho de haberse hecho uso de licencia médica.
No se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de la Universidad el que ha motivado la actuación que se reclama, sino únicamente la cabal observancia de las normas de los reglamentos internos universitarios.
Si no existen salas cunas privadas con reconocimiento o autorización de funcionamiento en una localidad, el empleador está impedido de dar cumplimiento a su obligación en la forma prevista por la ley, de manera que la obligación de proporcionar el beneficio de sala cuna se puede cumplir a través de la entrega de un bono compensatorio.
Habiendo concedido anteriormente la certificación de estudios, el actuar del Ministerio daña la confianza legítima el cual descansa en la certidumbre de que la autoridad, actúa conforme a derecho y que no yerra.
Se estableció el actuar ilegal y arbitrario del MINEDUC al exigir que estudiantes debían convalidar los cursos a través de exámenes libres. Entiende la Corte que existió justa causa de error y que se ha actuado de buena fe, tanto más si el colegio subió la información académica al sistema SIGE, aun cuando haya sido en forma indebida.
Mejora la articulación del Sistema Educativo en la provisión de educación por parte del Estado en todos los niveles con énfasis en lo regional y local, y otorga mayores flexibilidades para la organización interna de los Servicios Locales.
