El máximo Tribunal confirmó el fallo que invalidó la decisión que dejó sin efecto la beca del recurrente correspondiente al año 2021, así como la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de renovar la beca para el año 2022, debiendo la recurrida transferir los fondos respectivos.

El Tribunanl de alzada desestimó el reclamo, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia, es de carácter público. 

El acto reclamado no cumplió con los estándares de coherencia ni completitud que debe existir entre la formulación de cargos y el acto administrativo sancionador final, lo que limita el pleno ejercicio de los derechos del administrado.

De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El Tribunal de alzada consideró que las profesoras y organizaciones recurrentes carecen de legitimidad para interponer la acción, por lo que corresponde su rechazo.

La iniciativa aplaza la realización de dicha evaluación para el año 2022, con el fin de aliviar la carga laboral de los profesores que se ha incrementado debido a la pandemia.

Se advierte que se aplicó la sanción sin un procedimiento administrativo previamente tramitado, por lo que el administrado no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a defensa.

En razón del Convenio de Colaboración Académica entre el Ministerio de Educación y esas Universidades corresponde que el actor rinda su examen de grado ante la USACH.

Contraloría advierte que la regulación del traspaso del beneficio ha sido sometida a una reglamentación diversa a la alegada, cuya extensión es más restringida.

Los establecimientos educacionales que recibían subvención a través del sistema de financiamiento compartido seguirán afectos a ese régimen hasta el año escolar en que su cobro máximo mensual promedio por alumno sea igual o inferior a su aporte por gratuidad.