El certificado presentado acredita de manera fidedigna que la usuaria cursó y aprobó la carrera de derecho en una universidad peruana, lo que la habilitó para obtener el título de abogada en dicho país. El hecho de que el documento no cuente con una firma manuscrita o timbre adicional que el Ministerio califique como «original» no le resta mérito probatorio.
Ante la falta de procedimiento especial que regule la tramitación de protección diplomática de un connacional ha de recurrirse a las reglas generales.
No resulta plausible que la autoridad fundamente su decisión en el prolongado cierre de fronteras a causa del COVID-19 y en la pérdida de vigencia de los certificados de antecedentes penales que debe acompañar el interesado.
La recurrida no se pronunció sobre dichas solicitudes, limitándose a poner término al procedimiento mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación concreta que afecta a cada uno de los actores.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad recurrida al denegar injustificadamente el visado de los menores.
