Acogió la reclamación al considerar que las comunicaciones generadas desde casillas institucionales, en el ejercicio de funciones públicas, deben considerarse públicas, conforme al principio de transparencia establecido en la Ley 20.285 y la Constitución. Puesto que se utilizan con presupuesto público y en cumplimiento de competencias estatales, su acceso es fundamental para garantizar la transparencia y evitar la creación de canales secretos que obstaculicen el control ciudadano.

La iniciativa modifica el DLF N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, para eliminar las enfermedades o condiciones preexistentes de que trata su artículo 190, las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación a las ISAPRES como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud, y crea un plan común de salud para las personas afiliadas a esas instituciones.

Dicha normativa permitirá aprovechar este tipo de recursos en el contexto de escasez hídrica que afecta al país.

La Primera Sala del tribunal de alzada cogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario de las recurridas que denegaron la compra y suministro del medicamento.

Dichos recursos los percibe el INC en cumplimiento de su función pública, de modo que se deben incorporar al presupuesto del sector público.

La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida al denegar la cobertura solicitada al anteponer consideraciones de orden económico y administrativas al interés superior del niño.

Por consiguiente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá ajustar los actos administrativos que aprueben bases de concursos para acceder a esos programas, en lo sucesivo.

Ni el medicamento solicitado, ni sus principios activos, han sido evaluados por el ente especializado, el Instituto de Salud Pública. Por lo mismo, no es posible adelantar juicio sobre su efectividad.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura, cuando está en riesgo el derecho constitucional a la vida, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco ustekinumab, el cual inhibe el sistema inmunológico y reduce la inflamación asociada a la enfermedad de Crohn.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de protección deducido, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al denegar el financiamiento para la adquisición y suministro del fármaco Eculizumab, recomendado por el médico tratante.