Regula la industria de la seguridad privada entendida como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos.

Permitirá regular la industria de la seguridad privada con nuevos criterios y requisitos para fortalecer su rol coadyuvante y complementario a la seguridad pública. 

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que el desafío está en robustecer las instituciones e innovar en el combate contra el contrabando, el tráfico de drogas, la internación de armas de contrabando, el blanqueo de capitales y otros tipos de fraude o conductas que tienen por objeto un ilícito.

La Comisión de Seguridad Ciudadana sigue aprobando el articulado de la iniciativa que separa las funciones del Ministerio del Interior en dos carteras, concentrándose la nueva instancia ministerial en el ámbito de la seguridad pública.

La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó, por mayoría de votos, la propuesta de diputados RN y UDI para fijar en las funciones del nuevo órgano la elaboración de una estrategia nacional contra el terrorismo.

La Sala respaldó en forma unánime la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad (fast track legislativo), con lo cual quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara Baja.

El oficio señala que el artículo 2° entrega una nueva responsabilidad al Poder Judicial, haciéndolo parte integrante de lo que el proyecto denomina ‘sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana’. No es del todo claro, sin embargo, en qué consiste ese ‘sistema’, por cuanto el proyecto se limita a señalar que estará compuesto por las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a ámbitos inespecíficos.

Frente al nuevo paradigma de seguridad en que nos encontramos, se requiere una respuesta estatal que establezca un Sistema de Seguridad Pública, encabezado por un Ministerio especializado y técnico, con funciones y atribuciones propias para enfrentar la multicausalidad de peligros existentes.

La medida, respaldada por la Cámara, tiene por objeto hacer que el organismo público mantenga su dependencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.