El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el acceso a un recurso efectivo, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que impide reclamar la medida expulsiva dispuesta por la Dirección General de Carabineros.
El proyecto fue informado en la comisión por la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien explicó los cambios que afectarán a su cartera, así como los perfeccionamientos que se promoverán en la Cámara.
El artículo 53 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI se encuentra derogado tácitamente desde la entrada en vigencia del artículo 142 bis del estatuto del personal policial.
La acción constitucional de protección cautela el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales reconocidas a las personas, en casos concretos. No es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido.
Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos ya proporcionó los informes remitidos por el Ministerio de Justicia a la ACNUDH, en el marco de sus recomendaciones por el estallido social del 2019.
Desde la perspectiva de la autoridad migratoria, aquélla se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional.
Los correos electrónicos pertenecientes a las casillas institucionales de los funcionarios públicos contienen información que puede ser conocida por la ciudadanía, siempre y cuando se refieran a las competencias del organismo a que pertenecen.
La no resolución de la petición efectuada importa un problema de seguridad que coloca a la recurrente en una situación de incertidumbre injustificada.
La Primera Sala señaló que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando de los antecedentes de la gestión pendiente aparezca que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto, y carezca de falta de fundamento plausible.
Ordenó que la recurrida informe dentro del plazo de 10 días.
El requisito exigido a la recurrente es físicamente imposible por razones que ajenas a ella.
