La no resolución de la petición efectuada importa un problema de seguridad que coloca a la recurrente en una situación de incertidumbre injustificada.
La Primera Sala señaló que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando de los antecedentes de la gestión pendiente aparezca que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto, y carezca de falta de fundamento plausible.
Ordenó que la recurrida informe dentro del plazo de 10 días.
El requisito exigido a la recurrente es físicamente imposible por razones que ajenas a ella.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que la parte recurrente no denuncia hechos que vulneren garantías fundamentales.
El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.
