La sola entrada de los imputados al establecimiento, tratándose de un lugar que era destinado para la habitación, no es constitutiva de ilícito penal alguno.

La requirente estima que la decisión del Ministerio Público de no perseverar contraviene la Constitución y en particular su derecho a perseguir penalmente al imputado.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras establecer que la resolución de la jueza del 18 de noviembre reciente estaba dentro del marco de la legalidad para tratar de esclarecer los hechos investigados.

La acción de protección tiene un propósito de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

El fundamento de dicha titularidad está en que la persona condenada pueda contrarrestar el aparato punitivo Estatal.

La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.

El Tribunal de alzada consideró que los hechos que ameritaron este antejuicio no son acusaciones ligeras ni sin fundamento, pero que en caso alguno lesionan la presunción de inocencia que le asiste conforme a derecho a la magistrada.

El fuero debe ser interpretado de manera restrictiva, esto es, respecto de hechos que ocurran a partir de su nueva investidura, y no de aquellos vinculados con su antigua función parlamentaria, como ocurre en el caso.

No existe norma legal que autorice la mantención indefinida de estos datos de investigación en el sistema informático, por lo que su conservación configura un acto ilegal y arbitrario.

Ante casos urgentes que afectan aspectos básicos de una persona, como lo es su morada, no puede ser sometido a un tratamiento dilatorio por el ente persecutor.