La Primera Sala señaló que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando de los antecedentes de la gestión pendiente aparezca que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto, y carezca de falta de fundamento plausible.

El recurso de nulidad no constituye una vía para impugnar la valoración de la prueba realizada por el tribunal penal.

El Ministerio Público debe cumplir las cargas procesales que le impone la ley si su suspensión lesiona las garantías básicas al debido proceso del imputado.

El Tribunal Oral en lo Penal no se encuentra obligado a apreciar las pruebas consideradas en el auto de apertura, ya que la valoración y la declaración de ilicitud de una prueba se realiza dentro del juicio oral.

La medida adoptada por el recurrido resulta desproporcionada al encontrarse suspendido el procedimiento en conformidad el artículo 458 del Código Procesal Penal.

Los sentenciadores son soberanos para determinar la procedencia de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes de un delito.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el ente persecutor durante el plazo de investigación; la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.

En la especie, no se señala si la persona imputada es portador del virus Covid-19, sospechoso de portarlo, sino que se limita a señalar que incumplió con la orden administrativa vinculada al desplazamiento.

Tales circunstancias, en conjunto, de carácter objetivo y verificables, dan cuenta de un indicio que posee la fuerza y coherencia necesaria para facultar a los agentes policiales a efectuar un control de identidad.

No existe en el ordenamiento jurídico una norma que autorice la elaboración y mantención indefinida de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en un proceso penal.