La nueva dependencia del Ministerio Público se especializará en el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Paralelamente, se crea un sistema ad hoc que respaldará su accionar en la persecución penal.

Se denegó el acceso a la información sobre contratos celebrados con proveedores, solicitada por ley de transparencia.

Nuevamente la Magistratura Constitucional desestimó la impugnación en contra del precepto legal que solo concede apelación en contra del auto de apertura del juicio oral cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. En este caso resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad se cuestiona es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía (art. 370 Código Procesal Penal), norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de recursos que contempla el sistema penal chileno.

La Magistratura Constitucional señaló que en el caso concreto la querella se refiere a delitos de especial gravedad y sobre los cuales pesan obligaciones estatales. En estas circunstancias, la garantía de racionalidad y justicia de la investigación penal no solo se expresa en el cumplimiento de requerimientos legales, como son la exclusión de sesgos mediante la exigencia de objetividad, sino también en el cumplimiento de los estándares administrativos impuestos al persecutor en virtud de la autonomía institucional del Ministerio Público.

La Magistratura Constitucional resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad cuestiona el requirente es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía, contenida en el artículo 370 del Código Procesal Penal, norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de recursos que contempla el sistema penal chileno.

No se vislumbra fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la pasividad del Ministerio Público, quien formalizó la investigación el día 3 de enero de 2017, en circunstancias que los antecedentes para ello ya se encontraban disponibles en el año 2014, esto es, cuando aún no transcurría el término de la prescripción de la acción penal.

La moción busca perfeccionar el actual registro, para facilitar la identificación de las personas y ayudar a su pronta captura.

En la audiencia de formalización, el magistrado acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en 150 días  el plazo de investigación.

El proyecto tiene como objetivo la introducción del denominado caso urgente para facultar excepcionalmente al Ministerio Público, bajo hipótesis tasadas y respecto de la investigación de determinados delitos, instruir a las policías la detención de una persona por riesgo de fuga o peligro inminente para la integridad física o vida de la víctima, su familia o testigos de la investigación.

El Tribunal de alzada estableció que concurren los requisitos para solicitar la extradición del ciudadano chileno que se encuentra actualmente detenido en Roma.