En la audiencia de formalización, la magistrada acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, con la excepción del arresto domiciliario total, por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

a Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, y rechazó la pretensión de la defensa de rebajar el régimen cautelar de Durán Pastor.

El beneficio contemplado en la Ley Nº20.948, establece una bonificación para aquellos funcionarios públicos que renuncien encontrándose en edad para jubilar, sin embargo, el Oficio Nº2900 del 2017 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, excluye a los fiscales adjuntos de aquel bono, no así al resto de funcionarios del ente persecutor que sí pueden acogerse al beneficio.

Si bien es pública y notoria la permisividad con que se actúa en las fronteras chilenas, lo cierto es que tal situación fáctica no importa una autorización jurídica por parte de las autoridades, ni le priva a ella del ejercicio de sus facultades legales.

La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.

En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

El requirente alega que las normas objetadas, en tanto permiten la coexistencia de dos sistemas procesales penales en el país, infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, los principios de irretroactividad de la ley penal e in dubio pro reo, entre otros, desde que el procedimiento inquisitivo por el que se juzga un delito de lesa humanidad es contrario a un proceso penal, racional y justo, en cuanto no es el Ministerio Público, bajo las reglas del Código Procesal Penal el que investigó los hechos.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia, razona el voto por acoger.

La comisión respaldó la idea de legislar de la norma que busca regular su otorgamiento y uso, fortaleciendo la fiscalización y procurando evitar la defraudación.

Tampoco el tribunal a quo podría haberla modificado, ni siquiera en uso del artículo 341, inciso segundo, del Código Procesal Penal, porque en el postulado del Ministerio Público no existía sustrato fáctico que lo sustentara.