La reforma que crea la Fiscalía Supraterritorial forma parte de la Agenda priorizada de Seguridad, acordada entre el Congreso y el Ejecutivo.

Conocida como ley de cámaras corporales, se espera que entregue más seguridad a las policías al permitir contar con un registro de los procedimientos policiales.

La Comisión de Constitución aprobó la iniciativa con una serie de cambios que apuntan a aumentar los requisitos para acceder a la jefatura del nuevo organismo y que entrega facultades al Fiscal Nacional para su designación.

Una resolución que aprobó la Cámara pide al Gobierno el envío de una iniciativa legal para prevenir, investigar, fiscalizar y perseguir el mal uso de redes sociales en fraudes, estafas y otras conductas similares.

El edil de la Región del Biobío, Juan Carlos Reinao, habría cometido los ilícitos entre 2006 y 2020 en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos.

La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.

No se divisa que la incomparecencia de la Fiscalía en el proceso penal sea una medida desproporcionada. Dándose un hecho tan excepcional y grave, ha tenido lugar la situación descrita en la disposición legal cuestionada constitucionalmente y, por consiguiente, la Corte Suprema ha procedido a aplicarla, sin que aquello implique una transgresión a la igualdad ante la ley, porque, además, no se puede preterir que el fundamento constitucional de aquella está en el artículo 21 del Código Político.

Condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los Fiscales y a los Jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.

La Cámara apoyó las conclusiones y recomendaciones propuestas por esta comisión que tuvo su foco en la situación de la macrozona norte. En el texto se valoran los avances en el control migratorio y se llamó a fortalecer a instituciones como la PDI, Carabineros, Aduanas y Ministerio Público.

Los servicios de transporte aéreo que operen en el territorio nacional deberán, durante el recorrido que presten y dentro del plazo de cinco años, poner el listado de pasajeros a disposición del Ministerio Público y las policías que colaboren con una investigación.