El requirente estima que el precepto legal impugnado atenta gravemente contra su derecho a ejercer la acción penal y al desarrollo de un proceso racional y justo.
Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados vulneran su derecho al debido proceso y a la acción penal de la víctima.
El máximo Tribunal estableció que, si bien en la especie se cumplen los requisitos para proceder a la extradición pasiva del requerido, como correctamente resolvió la sentencia impugnada, antes deberá enfrentar el proceso abierto ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.
La valoración de la prueba constituye una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
El Tribunal de alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.
La discusión propuesta no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, por lo demás, el ordenamiento jurídico ha previsto acciones específicas en sede laboral para la resolución de estos conflictos (artículo 83 de la Ley 19.640).
En la instancia participan las concesionarias de autopistas, empresas aseguradoras, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.
La medida se justificó en la imposibilidad del abogado del inculpado de acceder a la totalidad de los antecedentes de la carpeta investigativa.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e infundado de la Fiscalía al disponer el levantamiento de la medida de protección.
