Los correos electrónicos pertenecientes a las casillas institucionales de los funcionarios públicos contienen información que puede ser conocida por la ciudadanía, siempre y cuando se refieran a las competencias del organismo a que pertenecen.

No resulta ser la vía idónea para la discusión, sin embargo, se ordena que se envíen los antecedentes del caso al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; al Ministerio Público y a la Superintendencia de Casinos de Juegos.

La actitud de dictar una resolución agregando requisitos no contemplados en la ley, para acceder al bono de desempeño que contempla la Ley N°20.240, contraviene su derecho de igualdad ante la ley.

La controversia planteada consiste en determinar si llevar una placa patente al interior de un vehículo, pero no llevarla puesta donde debe ir según la ley, es un delito.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.

Se ordenó sacar copia íntegra del expediente, certificar su identidad e integridad, y remitir compulsas al tribunal civil manteniendo el expediente original en poder de la fiscalía hasta que concluya la causa penal.

La iniciativa se funda en la necesidad de aumentar la capacidad de fiscalización y persecución ante ilícitos contra la libre competencia.

El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.

El recurrente indica que cumple con todos los requisitos del artículo 75 bis de la Ley N°19.640.

La autoridad administrativa estimó que la situación de los fiscales adjuntos que desempeñan labores de fiscal jefe, es análoga a la de aquellos funcionarios que, conservando la propiedad de sus plazas titulares, ejercen empleos a contrata o son nombrados como suplentes.