Hasta el viernes 5 de enero, se extendió el plazo para presentar indicaciones. Mientras la Comisión de Salud se encuentra debatiendo la necesidad de conocer la cuantía del pasivo para “no legislar a ciegas”.
La demora excesiva y la despreocupación del recinto hacia la salud de la recurrente, constituyen un acto arbitrario que vulnera el derecho a salud de la afectada, que permanece a la espera en las listas del nosocomio para la realización de la cirugía de prótesis a ambas rodillas, que -hasta el momento- no es prioritaria para el hospital.
Asimismo los senadores hicieron un llamado al Ejecutivo a introducir en la ley corta de Isapres, aspectos de una reforma integral a la salud. También se anunció que la Comisión Técnica extenderá su labor dada la reciente sentencia.
En la actualidad, cuatro personas han desistido a la fecha de recibir tal medicamento, ya sea por sus funestos efectos secundarios o, bien, porque no advirtieron durante su uso mejora alguna en ningún ámbito vinculado a sus estados de salud.
A los tribunales no les corresponde inmiscuirse en la determinación de políticas públicas sanitarias, informó FONASA.
En la instancia, el Ejecutivo aseguró que el pago sería gradual, todo con el fin de alcanzar un equilibrio financiero. Los senadores abogaron por una mayor difusión de las definiciones que adopte el Ejecutivo.
Confirma su doctrina contenida en el dictamen N° E177724N22.
Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.
El Instituto de Salud Pública es quien se encuentra en mejor posición para responder aquella solicitud por sus funciones técnicas.
La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.
