El deber de búsqueda y entrega de información pública es propia de los órganos de la Administración del Estado, en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes
La colaboración del reclamante al reconocer parte de los hechos, sumado a su irreprochable conducta anterior –no cuenta con infracciones previas- son motivos suficientes para considerar que las multas impuestas y la cancelación del convenio son medidas desproporcionadas.
Razones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida al denegar la cobertura del medicamento recomendado por el equipo médico tratante.
La función de dictar las políticas públicas en un Estado Democrático de Derecho corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que resulta improcedente conocer y resolver esta materia vía recurso de protección.
Esto, siempre que no exista disponibilidad de enfermeras/os, quienes son usualmente los que ejecutan esas acciones.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de las recurridas al no proporcionar la atención de salud que requiere la paciente, en los mismos términos de cuando estaba internada.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección señalando que, resultó del todo arbitrario rechazar la solicitud de financiamiento de dos prótesis mioeléctricas.
Fonasa negó el acceso a cobertura de medicamento «Ataluren», por lo que el recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
