El incremento de los delitos violentos hace indispensable crear normas que eviten que los delincuentes aprovechen la fragilidad del sistema de control y prevención.

La iniciativa modifica el Código del Trabajo y la Ley que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado establecer una estrategia para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población y la soberanía alimentaria para el disfrute de una vida sana.

La iniciativa modifica la ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, para incorporar una nueva medida de protección accesoria actualizando la aplicación práctica de la normativa a estos tiempos en cuanto al hostigamiento virtual que sufren las víctimas por parte de sus agresores.

La iniciativa permitirá la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.

Podrá formularse y otorgarse por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro.

La iniciativa refiere que se necesitan reformas estructurales que sean capaces de resguardar a nuestros adultos mayores y no a los grupos económicos de siempre.

La iniciativa legal busca autorizar la toma de examen PCR, en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos de Covid-19, desde los 14 años de edad, sin consentimiento de sus padres o quienes ostenten la patria potestad.

La iniciativa volvió a la Comisión de Salud de la Cámara para que emita un segundo informe, a raíz de una indicación presentada por la Diputada María Luisa Cordero, que busca ampliar dicho día también a la esclerosis lateral amiotrófica y a otras enfermedades desmielinizantes.

En el caso que la propuesta de nueva Constitución sea rechazada en el plebiscito de salida, el plazo de inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular de los ex convencionales será hasta por cinco años.