Proyecto de ley busca que Consejeros Regionales electos en noviembre de 2021 puedan ejercer su cargo por cuatro años.
Quienes fueron electos consejeros en los últimos comicios estarán en el cargo menos de 3 años.
Quienes fueron electos consejeros en los últimos comicios estarán en el cargo menos de 3 años.
La iniciativa establece una nueva duración, por un término de 60 días, asumiendo que tal espacio de tiempo permitiría mejorar la efectividad de la respuesta estatal ante las graves vulneraciones a la seguridad pública.
La iniciativa se basa en no desconocer el efecto negativo que pueden tener las letras de muchas de las canciones por contener textos violentos, sexualmente sugestivos u otros elementos preocupantes.
La iniciativa busca excluir de beneficios estatales a personas que hayan participado de hechos de violencia; a comunidades cuyos miembros han ejecutado hechos de violencia, así como los inmuebles que han sido usurpados o perturbados.
La iniciativa busca tipificar el delito de sicariato, que en la última década ha llegado a nuestro territorio de la mano de bandas criminales organizadas arribadas desde otras latitudes de Latinoamérica.
Tanto los que existen actualmente en Chile, como los que se instalen en un futuro, deberán incorporar pulsadores para la detención de vehículos y tecnología sonora para ayudar a personas no videntes o que tengan disminuida su capacidad visual.
La iniciativa tiene el fin de actualizar la protección de derechos sociales de la Constitución vigente.
El proyecto incorpora el resguardo de la libertad y responsabilidad de las policías en el ejercicio de sus funciones, de manera que puedan optar de manera gratuita a representación y defensa jurídica a cargo de la institución a la que pertenecen.
La iniciativa tiene por objeto que las autoridades obligadas a efectuar la declaración de intereses y patrimonio, tengan que identificar potenciales conflictos de interés como consecuencia de su pertenencia a un grupo, asociación, cofradía, comunidad, gremio, mutualidad, u otro colectivo, aunque esa participación no implique consecuencias sobre su patrimonio.
El proyecto busca erradicar la costumbre de preguntar a los postulantes sobre las pretensiones de renta en relación al cargo ofrecido, pues tiende a nivelar hacia abajo el monto.