La iniciativa tiene por objeto regular mediante una norma de rango legal el ejercicio del derecho de reunión pacífica en espacios públicos, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia.
La iniciativa tiene por objeto reemplazar el control interno sobre los fondos públicos del Congreso Nacional por un control externo de un órgano especializado, como la Contraloría General de la República.
Los autores sostienen que la prohibición está “condenada al fracaso”.
La iniciativa se funda en el incremento de situaciones de violencia y delincuencia al interior de los establecimientos educacionales en el país.
La OMS reconoce la necesidad de crear o fortalecer, según proceda sistemas de salud que respalden a todas las personas con discapacidad o trastornos de salud mental o del desarrollo, sin ningún tipo de discriminación.
La iniciativa tiene por objeto agravar las penas de los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Se busca flexibilizar los requisitos para acceder a las licencias de conducir que habilitan para el manejo de locomoción colectiva, con objeto de paliar la carencia de conductores.
La iniciativa responde a los problemas que ha generado para muchas familias la modificación en los criterios para calificar un contacto estrecho y otorgar la licencia médica respectiva.
Se busca otorgar mayor autonomía a los pacientes, permitirles expresar su voluntad en relación a tratamientos médicos, y avanzar en el respeto a sus derechos y autonomía.
Se busca establecer la posibilidad de que Diputados (as) y Senadores (as) renuncien libremente al ejercicio de sus cargos.
