Incorpora en los documentos de identidad expedidos por las autoridades nacionales la información acerca del grupo sanguíneo de su titular.
Los establecimientos educacionales podrán desarrollar sus actividades en forma presencial, siempre que la comuna donde se ubican se encuentre en la fase 4 del Plan “Paso a Paso”.
Elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas que se hallen acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.
Faculta al Ministerio Público a solicitar a la Corte Suprema que el conocimiento de la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas se radiquen excepcionalmente en un Juzgado de Garantía y/o un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Prohíbe optar al beneficio de sustitución de las penas privativas de libertad, a quienes resultaren condenados a pena aflictiva por delitos contra las personas.
Establece que las personas con discapacidad no podrán sufrir restricciones etarias para el acceso a la educación especial.
No podrán acceder a los beneficios del Sistema de Reinserción Social las personas que, en conformidad al derecho internacional, hayan sido condenadas por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Elimina la facultad que tienen los aportantes de “montos menores” de realizar aportes privados sin publicidad en el financiamiento de campañas políticas.
Establece que el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte debe destinarse de forma prioritaria a proyectos dirigidos a los sectores vulnerables de la población.
El derecho a la seguridad social deberá tener como principal objetivo entregar prestaciones dignas, entendido por tal, suficientes para que las personas cubran sus necesidades fundamentales.
