Los actos jurídicos controvertidos se ubican en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC): la organización, dirección o participación en manifestaciones violentas u otros actos de violencia pueden justificar una acción de la Unión en ese ámbito para consolidar y apoyar la democracia y el Estado de Derecho en un país tercero.
Las autoridades judiciales están obligadas a ejercer la máxima discreción respecto de los casos que conocen, a fin de preservar su imagen de jueces imparciales, pero en este caso se conocía ya la existencia de la opinión disidente cuando aquella se refirió al fallo. Además, el órgano sancionador no se sometió al procedimiento disciplinario para sancionar el incumplimiento de la juez a la prohibición de revelar información.
Los requisitos de independencia e imparcialidad no se cumplieron en el presente caso con respecto a la composición del órgano disciplinario que sancionó a la demandante. Por lo tanto, hubo una violación del artículo 6 del Convenio.
El marco legal existente no cumple con el requisito inherente al deber del Estado de establecer y aplicar efectivamente un sistema que proteja a las mujeres internadas en instituciones psiquiátricas contra graves violaciones a su integridad. La legislación penal es inadecuada y, por lo tanto, incapaz de proteger a las solicitantes del aborto y la anticoncepción no consentidas.
