El juez de instrucción amplió demasiado el alcance de su investigación y las autoridades judiciales de control no redefinieron los límites del encargo del perito para cumplir con la misión del juez. Estos límites de investigación inadecuados se vieron agravados por la falta de implementación del marco procesal protector al que le daba derecho la condición de abogada de la demandante.