Una empresa intentó eliminar de la base de datos de Equifax un informe por morosidad, en circunstancias que reconoce la prestación de servicios adeudada, pero no la calidad de “actualmente exigible” de la obligación. La magistratura estimó que dicha controversia escapa de los límites de la acción cautelar, y que debe ser resuelta por la justicia ordinaria.