El funcionario incurrió en el ilícito establecido en el artículo 256 del Código Penal, al negar la protección de una persona puesta bajo su cuidado, condena que fue confirmada por el máximo Tribunal, que descartó vulneración al debido proceso en el juicio.
El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.
La nueva normativa surge en el contexto de los múltiples casos de muertes gestacionales que sufren las familias chilenas.
El culto a los muertos es un hecho jurídicamente tutelado y los parientes más próximos gozan del derecho de custodiar sus restos y de perpetuar su memoria.
