En el contexto actual, la legislación del Reino Unido penaliza cualquier forma de asistencia en el suicidio, lo que genera conflictos legales y emocionales significativos para las familias de pacientes terminales. En esta línea, el proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio específico que brinde claridad y certidumbre jurídica en tales casos.
A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.
El texto aprobado por el Parlamento prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o que estén afectados por una enfermedad incurable puedan recurrir al suicidio asistido.
La ley pasará al Presidente Rebelo de Sousa, a partir de la segunda semana de febrero, para firmar la moción y promulgarla, someterla a revisión de la Corte Constitucional o vetarla. Tiene 20 días de plazo para esta consideración.
