La eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales, pero como la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social no ha sido actualizada, ello ha terminado por constituir una barrera de acceso a este derecho que, además, desconoce los efectos erga omnes de una sentencia de constitucionalidad.
Consagrar la posibilidad de “limitar del esfuerzo terapéutico”, con miras a evitar el encarnizamiento u obstinación terapéutica, constituye un consenso bioético general.
Aboga por una posición equilibrada y compasiva que reconozca la responsabilidad y libertad del individuo, incluso en la decisión sobre el final de su vida.
El texto establece que los prestadores de salud deberán otorgar, como derecho para todo paciente que se encuentre en un estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, incluso no oncológico, los cuidados paliativos tendientes a disminuir los dolores propios de su enfermedad.
Se despachó el proyecto que regula la eutanasia, por lo que pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
El texto aprobado por el Parlamento prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o que estén afectados por una enfermedad incurable puedan recurrir al suicidio asistido.
El Juzgado Constitucional declaró fundada en parte la demanda de amparo, al considerarse afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.
