El artículo reflexiona sobre el enfoque de género en las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las resistencias que muchas veces enfrentan estas sentencias transformadoras para su cumplimiento.
La iniciativa insta a las grandes y medianas empresas del sector de la economía a informar sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización.
La doctrina constitucional ha admitido de forma indubitada el carácter constitucional de las medidas de acción positiva, declarando que tienen esta condición aquellas normas legales, resoluciones judiciales y administrativas que se dirigen a dotar de un contenido material el principio de igualdad, aunque aparentemente parezcan contrarias a este principio.
La solicitud, dirigida al Presidente de la República, pretende proporcionar una solución habitacional y otorgar un apoyo psicosocial a las víctimas.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó a Sala el proyecto que promueve la inclusión en empresas masculinizadas. Asimismo, analizó la norma que busca otorgar un permiso laboral por dismenorrea en mujeres y personas menstruantes.
La solicitud pide una campaña informativa sobre los derechos y alternativas de las mujeres en caso de que un médico se niegue a realizar el procedimiento de ligadura de trompas por objeción de conciencia.
Durante el debate, se destacó la moción que busca promover la inclusión, especialmente en grandes y medianas empresas, mediante la elaboración de un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas en su favor.
Detrás de la norma que tomó el nombre del entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública hubo un sistemático movimiento de mujeres, tales como, Isabel Le Brun y Antonia Tarragó quienes desde mediados del siglo XIX, lucharon para que sus alumnas pudieran acceder a la educación superior.
La organización Jackson buscaba anular una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo (tres meses y medio) a menos de que sea un caso médico de emergencia o que exista una anormalidad fetal severa.
El derecho y principio a la igualdad y la no discriminación obligan al Estado y a todos sus órganos a erradicar, de iure y de facto, toda norma, actuación o práctica que genere, mantenga, favorezca o perpetúe la desigualdad y discriminación.
Estas y otras interrogantes surgieron en el marco de la presentación que hizo ante la Comisión de Hacienda, el presidente del instituto emisor y que además incluyó en el estudio una valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
