El cultivo de más de 100 plantas de marihuana, con un peso muy superior al que como criterio general se asigna la presunción de autoconsumo, y en un número de plantas mucho mayor que el permitido en las legislaciones en que expresamente se autoriza el cultivo para consumo propio, implica un poderoso indicio en favor del destino al tráfico.
Requirente alega que vulneran la garantía del debido proceso, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la presunción de inocencia, entre otras garantías constitucionales.
La pancarta no fue utilizada para insultar o denigrar a alguien en particular; se utilizó como una herramienta estilística para expresar el alto grado de desaprobación que los demandantes sentían por el proyecto inmobiliario. La forma controvertida de la protesta, en sí misma, no justifica una restricción a la libertad de expresión en una manifestación sobre un asunto de considerable interés público.
Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.
La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.
Además, como se interpuso solamente un recurso de apelación ante la autoridad municipal, la Corte estableció que no se agotó la vía administrativa, por lo que no se cumple con todos los requisitos formales para la interposición de un reclamo de ilegalidad como el de autos.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
El requirente estima que no puede controvertir una sanción injusta y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
Normas impugnadas cumplen con los estándares mínimos de un régimen sancionador racional y justo, y contemplan un criterio de graduación fundado en la gravedad del caso concreto.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal no satisface los principios de legalidad y proporcionalidad, afectando sus garantías constitucionales.
