No puede eximirse del deber de custodia sobre los vehículos estacionados aun cuando alegue que el sector de estacionamientos sólo fue construido para dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a desarrollar libremente una actividad económica, la libertad del trabajo y produce efectos inconstitucionales en el caso concreto.
El requirente sostiene que se le aplica una sanción injusta que no puede impugnar, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente estima que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.
