En la sentencia el juez rechazó íntegramente la reclamación deducida por la supermercadista al no establecer en los contratos de trabajo las funciones específicas que deberían cumplir los dependientes.
El Tribunal de alzada descartó vicios de ilegalidad en el actuar de SEC al sancionar a la reclamante.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada.
El municipio rechazó la apelación de las multas cursadas a una empresa de mantención asilándose en que había operado el silencio administrativo en su favor, acto contrario a la Constitución y a los principios contenidos en las Leyes N°18.575 y N°19.880.
En razón del artículo 23 de la Ley N°18.287 el juez sustituyó la multa impaga por 5 días de arresto nocturno, decisión ajustada a derecho según la Corte de Valparaíso y confirmada por el máximo Tribunal.
El sumario también sancionó a los encargados de calidad del Laboratorio, luego de verificar la existencia de un medicamento que estaba por ser despachado desde la bodega y que no contaba con el permiso de exportación ni las rotulaciones de vencimiento requeridas.
El recurrente acusó que el acto terminal que lo sancionó se dictó 17 meses después de iniciado el procedimiento, infringiendo el artículo 27 de la Ley N°19.880 al operar en la especie el decaimiento del acto administrativo.
El recurrente acusó la ilegalidad de la sanción indicando arbitrariedades en el proceso administrativo y la falta de oportunidad probatoria. No obstante, no fue capaz de acreditar que las obras de modificación no se llevaron a cabo.
El requirente estima que la sanción resulta desproporcionada y carente de fundamentos, y vulnera, entre otros derechos, la igualdad ante la ley.
La colaboración del reclamante al reconocer parte de los hechos, sumado a su irreprochable conducta anterior –no cuenta con infracciones previas- son motivos suficientes para considerar que las multas impuestas y la cancelación del convenio son medidas desproporcionadas.
