No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.

La urgencia con riesgo vital y/o secuela funcional grave son condiciones de salud objetivas.

Establecimiento fue fiscalizado por la Superintendencia de Educación, luego de la denuncia efectuada por un apoderado que acusó la agresión sufrida por su pupilo de parte de uno de los inspectores del recinto.

El requirente estima que se le imponen sanciones muy gravosas sin atender a las circunstancias del caso particular, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

El Tribunal de alzada desestimó el reclamo al establecer que el monto de la sanción se ajusta a la normativa vigente.

Se aplica el artículo 48 de la Ley N°20.283 que es una norma especial, por lo cual prevalece respecto de la prescripción de corta duración del artículo 2521 del Código Civil.

La ilegalidad de un acto administrativo debe ser solicitada a través de la acción especial destinada legalmente al efecto, pero no a través de una segunda acción dentro del mismo procedimiento, sino como parte de la argumentación de dicha vía especial.

El hecho ocurrió luego de un sismo en la zona en el año 2019, y tuvo directa relación con la falta de mantenimiento de los equipos utilizados para proveer el servicio.

El fallo señala que, la sanción impuesta a la concesionaria de servicios de televisión que reclama en estos autos, resultó proporcional y ajustada a derecho, pues el CNTV teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, estimó aplicarle una sanción de multa que, con posterioridad fue declarada inconstitucional.