La funcionaria sólo impidió el paso a la estudiante, haciéndola regresar a la escuela, donde la menor de edad permaneció observando hacia la salida, sin que ello pudiere constituir acto de discriminación alguna.

La recurrida actuó dentro de sus facultades, previa constatación de los hechos por la Policía de Investigaciones, sin que la empresa haya solicitado la reconsideración de la multa aplicada.

El recurrente no tiene un derecho indubitado e incontrovertido, y por el contrario, resulta que el asunto planteado por la vía de la acción de protección es de lato conocimiento.

Al constatar la existencia del hecho denunciado, la Superintendencia se ajustó a derecho, por cuanto aplicó la sanción impugnada conforme a la conducta y gravedad constatada en la fiscalización.

El Instituto de Salud Pública ha actuado dentro del marco legal, sancionando las infracciones encontradas en los días de inspección, por lo que no procede dejar sin efecto o rebajar las multas aplicadas.

El ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial para determinar si la decisión de sancionar a un residente fue adoptada correctamente.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Ante la ausencia de regla sobre esta materia en la Ley 17.288, se debe acudir a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil, siendo aplicable la regla general de prescripción extintiva de cinco años.

El máximo Tribunal consideró que se justifica aplicar la sanción máxima que estipula la ley, por el daño irreparable ocasionado al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.

La entidad no contaba con mecanismos idóneos para el cumplimiento de la normativa que rige el proceso de Aceptación de Ofertas de los afiliados.