La tardanza inexcusable de la Administración afectó el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la decisión final debe ser oportuna.

El plazo de prescripción es el de cinco años, sea por aplicación de las normas del Código Civil o del Código Penal. Ante la falta de reglamentación especial, operan las normas ordinarias de prescripción.

El tribunal sólo debe examinar la eventual concurrencia de las infracciones denunciadas por la actora, sin efectuar consideraciones de mérito en torno a los extremos de la sanción aplicada por la autoridad reclamada.

La propuesta, abordada en tercer trámite, impone a los infractores una multa que puede ir entre 1,5 a 3 UTM. Además, estarán afectos a la suspensión de la licencia de conducir.

La notificación por carta certificada se entiende practicada al sexto día desde que es recepcionada por la oficina de correos respectiva, de lo que debe dejarse constancia por escrito.

Atendida la naturaleza cautelar de la acción de protección, esta no es la vía idónea para resolver sobre los derechos que se estiman conculcados por el actor, toda vez que éstos no se vislumbran como indubitados.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El Tribunal de alzada compartió la decisión del ente regulador de sancionar al programa Mucho Gusto.

El acto reclamado fue dictado con apego a la normativa del ramo, por la autoridad competente y en uso de las atribuciones que la misma le otorgan, por lo que se descarta la ilegalidad esgrimida.

El Tribunal de alzada desestimó la sanción por 20 UTM, aplicadas a la señal pública por el incumplimiento meramente formal de la normativa.