El Tribunal de alzada consideró que no existió error en la aplicación de la sanción pero, por mayoría, consideró que procede la rebaja de la multa de 100 a 50 UTM, por existir interés público en la información.
Se acreditó que la paciente ingresó en una situación de riesgo de secuela funcional grave, por lo que opera la prohibición absoluta a todo prestador de salud de exigir y/o condicionar su internación.
La reclamante no realizó en forma oportuna la mantención a las líneas eléctricas lo que le impidió advertir la corrosión del conductor que ocasionó la falla.
Explica el fallo que, por consiguiente, antes que una sanción propiamente dicha, la multa diaria que se examina tiene una naturaleza coercitiva, cuya finalidad no es castigar o reprimir la conducta reprochada, sino que busca compeler al administrado para que la adecue al ordenamiento que le rige.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del Consejo Nacional de Televisión, al sancionar a la concesionaria por infringir la normativa que regula los contenidos de emisiones televisivas.
El tiempo de prescripción se debe contar a partir del momento en que tomó conocimiento de los hechos, porque sólo desde ese entonces pudo ejercer sus atribuciones sancionadoras.
El medio para impugnar el sustrato fáctico en que se asienta una infracción es el señalado en el artículo 503 del Código del Trabajo.
El Tribunal de alzada confirmó la sanción, tras constatar que los programas presentados por la señal pública no cumplen con los criterios para ser considerados de contenido cultural.
El Tribunal de alzada rechazó con costas la reclamación deducida por la concesionaria en contra de la resolución que la sancionó por vulnerar la norma que prohíbe exhibir contenidos audiovisuales que dañen o pongan en riesgo la salud e integridad física y psíquica de la población.
La actora fue condenada a dos multas ascendentes a 193 UTM.
