El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento sancionatorio se inició transcurrido el plazo legal de seis meses establecido para faltas administrativas.

La sentencia impugnada aplicó erróneamente la norma señalada.

La interpretación de las leyes laborales y previsionales es inherente a la labor de los Inspectores del Trabajo.

El tribunal de alzada estimó que la prueba fue apreciada y valorada exactamente en la forma señalada por el legislador en el artículo 456 del Código del Trabajo.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución que sancionó a la reclamante con la suspensión por 90 días del registro de libre elección, al pago de una multa de 109 UF y a la restitución de la suma de $1.527.550.

El Tribunal de alzada estimó que no se cumplió con el principio de inexcusabilidad.

El tribunal tuvo por acreditado el incumplimiento del artículo 31 inciso segundo del DFL N°2 del Trabajo de 1967.

La autoridad administrativa mantuvo las multas aplicadas a la reclamante por un total de 70 UTM.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la sanción.