La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.

La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.

Participó en una protesta a las afueras de una instalación petrolera, bloqueando temporalmente la infraestructura junto a activistas del movimiento Reclaim the Future, por lo que fueron desalojados por la policía con la advertencia de que no volvieran a realizar el mismo acto.

La exigencia esperable de un profesional especialista en la venta de bebidas de consumo humano es la del cumplimiento de la contraprestación principal a la que se encontraba obligado, ello es, la oferta de bebidas que resulten aptas para el consumo y que no contengan en su interior –claro está- objetos extraños. De allí que la conducta de la demandada observada justifica la imposición de la aludida sanción ejemplificadora.

Aunque con un ánimo educativo el banco invite a sus clientes a usar los canales digitales para que realicen operaciones bancarias, de forma rápida y sencilla, ello no puede implicar una restricción en el servicio a los clientes.

La iniciativa se promueve a partir del caso de una joven brutalmente asesinada cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen. Se propone castigar al hechor funcionario público que divulgue imágenes de mujeres y menores de edad asesinados con una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular a 18 años, además del pago de una multa de 9.000 dólares.

Los asegurados debieron trabar embargos en el marco del trámite de ejecución de las sentencias lo que revela que la aseguradora no concretó los pagos en tiempo y forma.

Si bien el hombre se declaró inocente de todos los cargos, el tribunal dictaminó su culpabilidad en virtud del artículo 243.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, por lo que le impuso una multa de 2,4 millones de rublos (unos 21 millones de pesos).

La reclamada no ha adoptado medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, al posibilitar la exhibición de datos de carácter personal del destinatario de la notificación de un procedimiento sancionador en materia de tráfico, lo que determina la falta de diligencia mínima por el responsable, independientemente de la brecha de datos personales producida.

La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.