Descartó el actuar arbitrario o ilegal del municipio, y sostuvo que la acción de protección no es el medio idóneo para discutir los hechos controvertidos, los cuales deben ser resueltos a través del procedimiento correspondiente.
La decisión de excluir a los querellantes, hipótesis que no ha sido prevista de manera expresa por el Código Procesal Penal, resulta equivalente, en lo que dice relación con sus efectos, a la contemplada en el artículo 115 del Código Procesal Penal.
Sentencia indica que el proyecto es compatible territorialmente y que la autoridad ambiental desarrolló correctamente el proceso de evaluación de la iniciativa inmobiliaria.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.
En atención al principio “primacía de la realidad” se observan indicios del vínculo de subordinación y dependencia, por ende, la relación entre ambas partes no podía ser calificada como estatutaria. Asimismo, la labor como educador ambiental que desempeñó el demandante, cumple con el objetivo del municipio de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y no es una función específica y acotada a la prestación de servicios.
La Corte Suprema confirmó la decisión en alzada, y ordenó al municipio pagar todas las remuneraciones pendientes del año en curso, debido al término anticipado de una contrata que no cumplió con los estándares de motivación de la Ley Nº19.880, decreto que fue calificado por la magistratura como fundado en una “razón subjetiva y confusa”, sin brindar argumentos comprensibles del por qué se debía finalizar el pacto con el funcionario.
La magistratura declaró como laboral la relación existente entre el municipio y la demandante por lo que debe pagar las cotizaciones que no aportó durante el periodo trabajado. La excepción de pago opuesta por el municipio es improcedente debido a que las parcialidades que la trabajadora pagó a la seguridad social no constan como propias del servicio prestado a la demandada.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
Pues en su calidad de unidad municipal se incorpora a aquellos órganos de la Administración mencionados en el artículo 2 de la Ley 20.285 por remisión del artículo 7 del mismo cuerpo legal.
Sólo el permiso y las obras edificadas ya recepcionadas son las que están exentas de la afectación, no así aquellas porciones del predio cuya utilidad pública se restableció mediante la Ley 20.791, resolvió el máximo Tribunal.
La actitud arbitraria de la Municipalidad, de negar por la fuerza física la actividad comercial autorizada ya por el municipio, lesiona los actos favorables que han sido renovados reiteradamente a través del tiempo.
