La recurrente intentó revertir la sanción argumentando que el municipio no pudo acreditar la existencia de dolo en el ejercicio de sus funciones, tesis que fue desestimada por la magistratura al considerar que, una vez probado el incumplimiento de deberes funcionarios, era carga de la actora acreditar que el siniestro se produjo pese a su debida diligencia, lo que en la especie, no ocurrió.