El máximo Tribunal consideró que los magistrados recurridos no pueden aplicar las normas de Caducidad establecidas en el Código del Trabajo, en circunstancias que justamente la demanda del actor busca establecer que la relación contractual sea declarada como laboral, por lo que, se debe aplicar la norma de plazo de 2 años para accionar que expresa el artículo 510 del Código del ramo.
La municipalidad de Providencia rechazó la renovación de la patente de alcoholes del local, fundado en la sobre saturación de establecimientos que venden alcohol y la inseguridad acusada por los vecinos que viven en el barrio.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.
La comunidad del edificio alegó que contaba con autorización de la Municipalidad de Providencia para la instalación de publicidad en la fachada del inmueble, sin embargo, dicho permiso era provisorio y con una duración de 3 meses, el que se encontraba vencido.
La agrupación de padres y apoderados de un colegio de la comuna, reclamó de ilegalidad una resolución municipal que cuestionó la forma telemática en que se efectuó la asamblea general, así como la integración de la directiva; respecto de este último punto, la corporación alegó que sólo el Ministerio de Justicia puede fiscalizar la composición y nombramiento del directorio.
El municipio de Providencia ordenó en diciembre de 2021 la demolición de una estructura publicitaria adosada a la fachada poniente de un inmueble de la comuna, debido a que el soporte publicitario no contaba con permiso de edificación, y no correspondía a una obra provisoria como esgrimió la comunidad del edificio.
La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.
Desconociendo el efecto de la fusión de las sociedades, la Municipalidad siguió cobrando patente a la que fue disuelta y que, por ende, no se encontraba ejerciendo actividad alguna que pudiera ser gravada con aquel cobro.
Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.
El municipio fue declarado rebelde durante el juicio y no pudo argumentar eficazmente acerca de las infracciones a las normas reguladoras de la prueba acusadas ante el máximo Tribunal.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio recurrido al denegar el reconocimiento solicitado, basado en una interpretación normativa que no se encuentra vigente.
