La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

Desconociendo el efecto de la fusión de las sociedades, la Municipalidad siguió cobrando patente a la que fue disuelta y que, por ende, no se encontraba ejerciendo actividad alguna que pudiera ser gravada con aquel cobro.

Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.

El municipio fue declarado rebelde durante el juicio y no pudo argumentar eficazmente acerca de las infracciones a las normas reguladoras de la prueba acusadas ante el máximo Tribunal.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio recurrido al denegar el reconocimiento solicitado, basado en una interpretación normativa que no se encuentra vigente.

El tribunal de alzada elevó el monto indemnizatorio por considerarlo más condigno a los padecimientos soportados por la demandante que, tras ser sometida a intervenciones quirúrgicas, requiere de asistencia permanente de un tercero.

El verdadero sentido y alcance del artículo 548 del Código Civil se refiere a la firma en el acta, y no a la presencia del ministro de fe en todo el acto de conformación.

El artículo 53 de la Ley 19.880 sólo otorga acción para impugnar el acto invalidatorio, pero el legislador no contempla una acción para el caso de que la autoridad decida no ejercitar la señalada atribución.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario del municipio al instalar chicanas para la reducción de velocidad.