El quejoso fue condenado a pagar más de 100 millones de pesos en multas, por construir en un inmueble que no cuenta con permiso vigente de obra nueva. Pese a que inicialmente sí fue autorizado, posteriormente, la autoridad administrativa no reconoció aquel permiso por estimar que es ilegal construir en la zona donde se ubica el predio del denunciado.
Una conclusión tal, atenta en contra del principio de la no formalización consagrado en el artículo 13 inciso 2° de la Ley N°19.880, que establece que el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, y contra el artículo 20 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, que en lo pertinente deja establecido en lo referente a las condiciones de la licitación, que se “evitarán hacer exigencias meramente formales”.
Es necesario recuperar los espacios del bien nacional de uso público que transitoriamente se autorizó utilizar, tanto para tránsito peatonal, como vehicular, no apreciándose que este tenga un carácter de arbitrario.
El máximo Tribunal descartó error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que rechazó la caducidad de la acción.
El máximo Tribunal estableció que el recurso no puede prosperar por estar mal planteado.
