Respecto de la existencia de eventuales ilícitos que se cometerían en la Plaza Copiapó, ningún reproche puede imputársele a la recurrida desde que la función de investigación y persecución de ellos, según lo dispone la Constitución, se ha otorgado en forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público.
Los recurrentes sostienen que la actuación del municipio genera una diferencia arbitraria en perjuicio de los locatarios comerciantes del lugar, que implica una prohibición total de ejercer una actividad económica lícita. Además, la medida adoptada carece de proporcionalidad, y afecta en la esencia derechos asegurados por la Constitución.
La sanción aplicada ha quedado desprovista de la debida razonabilidad que debe guardar con el ilícito administrativo que le sirve de sustento, toda vez que, entre ambos, infracción y castigo, debe existir la debida congruencia y armonía, sustentado en una conducta que transgreda la normativa vigente.
Existe una contradicción entre la causal invocada para poner término a la relación laboral de la recurrente y la realidad del plantel al que pertenecía de acuerdo a los antecedentes del PADEM.
La magistratura estimó que, sin perjuicio de las acciones administrativas el municipio no puede excusarse de brindar soluciones a los vecinos que acusan vulnerado el derecho a la vida e integridad psíquica, debido a la falta de fiscalización al aumento del comercio ambulante, instalación de carpas de personas en situación de calle, deterioro de los espacios público y un notable aumento en los índices de inseguridad de la zona; le ordenó coordinarse con las autoridades respectivas para implementar paulatinamente programas de control y recuperación del barrio.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite que el acreedor genere unilateralmente y sin la intervención del demandado títulos ejecutivos respecto de obligaciones que no existen, adicionando, intereses desproporcionados.
Los vecinos del sector acusan que el municipio los ha abandonado, ante el notable incremento en los asaltos, riñas y tráfico de drogas en el sector, producto de la masiva instalación de personas en situación de calle en el Parque, lo que impide que aquel sea utilizado para otras actividades, y que actualmente es un punto crítico delictual dentro de la comuna de Santiago.
La Quinta Sala del Tribunal de alzada consideró que hubo actuar ilegal y que afecta el derecho de propiedad de los comerciantes establecidos del barrio.
En el fallo, el Tribunal consolida el criterio que ha venido desarrollando en sus últimas sentencias respecto del interés de las municipalidades en los procedimientos de evaluación ambiental de un proyecto y su legitimación para impugnar la resolución de calificación ambiental (RCA) de algún proyecto o iniciativa emplazado o con influencia en su territorio.
Debió considerar otros datos recabados en el estudio de título (oferta exorbitante de la vendedora en comparación al precio pagado con anterioridad). La Contraloría detectó errores en las tasaciones y concluye que el municipio infringió la instrucción que le impartió de no intentar concretar la compraventa.
Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.
