Añade que la facultad de condonar pretensiones como la del recurrente corresponde al Tesorero General de la República.

El Tribuna de alzada descartó error en la sentencia que rechazó la acción.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

No tiene relevancia que la cesión se realizara antes de los ocho días de corridos que establece el artículo 3 N°2 de la Ley 19.983.

El propio recurrente o quien le arrienda tiene responsabilidad por las inundaciones, toda vez que la construcción de la conexión de alcantarillado es irregular y no está adecuada para soportar las lluvias.

El Tribunal estableció responsabilidad del municipio en el accidente sufrido por la mujer mientras caminaba por calle Catedral.

El cobertizo que posee la actora se construyó en la fachada de una propiedad que detenta la calidad de “inmueble de conservación histórica.”

El fallo de la Corte de Santiago concluyó que, todo lo relativo a la consulta efectuada en el Instituto Nacional, son actos acordados y aprobados por el Concejo Escolar en uso de las facultades.

El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el municipio capitalino, anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, y dictó sentencia de reemplazo, tras establecer que el alcalde está facultado para revocar este tipo de permisos.