La recurrida efectuó los descuentos sin tramitar un procedimiento ni dictar un acto administrativo.
Se favorece la participación de personas jurídicas y/o naturales dedicadas al rubro municipal, cuando no existe diferenciación entre la tramitación de causas de cobranza municipal y cobranza común.
La acción cautelar sólo consagra la protección al juzgamiento por comisiones especiales y no del debido proceso en su totalidad.
Estas autorizaciones permiten la ejecución de obras en una zona del Plan Regulador que no contiene una norma de altura máxima de edificación, cuya estipulación es requerida para acceder a la petición del actor.
El acto impugnado no fundamentó porqué se consideró incompatible la salud de la actora con el desempeño de sus funciones.
El municipio al recurrir a la institución de la revocación utilizó un procedimiento diverso del que estaba facultada, lo que devino en la ilegalidad del acto denunciado.
Esta figura se puede entender como una cláusula penal en su beneficio en cuanto acreedora, permitida por el artículo 11 de la Ley 19.886 y el artículo 79 ter, inciso 1º, de su Reglamento.
La situación impide al actor gozar, usar y disponer del referido bien.
La donación deberá incorporarse e invertirse en la forma que determine el donante, y el jefe comunal deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa.
Existe una omisión arbitraria por la Municipalidad al no haber realizado actividades concretas de coordinación con la empresa inmobiliaria para aminorar el impacto de las obras denunciadas.
