La Contraloría General de la República dictamina que la reclamante no tiene derecho al beneficio que otorga la Ley 21.409, toda vez que no desempeñó labores en el período correspondiente.
No consta elemento técnico alguno que permita concluir que los hechos relatados, verificados hace más de cuatro años por la Superintendencia, y que fueran motivo del procedimiento contencioso administrativo sancionatorio iniciado por dicha entidad se hayan mantenido efectivamente hasta a la fecha.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que rechazó la excepción anómala de prescripción y que ordenó al municipio pagar la suma de $27.281.702 reclamada.
El Tribunal hizo lugar a la demanda deducida, tras establecer la obligación del pago por haber la Municipalidad de La Serena visado, sin observaciones, el documento.
La información la registra Carabineros de Chile en el sistema de automatización de unidades policiales.
La Corte rechazó también las alegaciones sobre prestaciones laborales supuestamente no pagadas al protegido, puesto que tal pretensión debe reclamarse en sede laboral.
Sin perjuicio que las municipalidades otorguen beneficios relacionados con la entrega de gas a sus vecinos en sus programas de asistencia social.
El Estatuto Docente no comprende normas relativas a la nulidad del despido, por lo que deben integrarse con las del Código del Trabajo, por supletoriedad.
La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde esencialmente a las Municipalidades, por ende, si el ente edilicio no veló por mantener el buen estado de las veredas, se entiende que no actuó, teniendo el deber legal de hacerlo, lo que constituye falta de servicio.
El ente municipal se debe asegurar que las máquinas de juegos no sean de aquellas prohibidas por el ordenamiento jurídico.
