La sola invocación de deficiencias en el presupuesto municipal no es un motivo suficiente para no renovar la contrata de funcionario que se desempeñaba desde el año 2013 en la Municipalidad de San Miguel.

Las labores desempeñadas por el actor no correspondían a un cometido específico, dada su extensión temporal y por tratarse de actividades propias y permanentes del servicio.

De lo contrario, los municipios se encuentran impedidos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para mantener su explotación.

Sin embargo, la autoridad no advierte inconveniente en que la entrega de ese producto se realice al amparo de un programa de asistencia social.

El máximo Tribunal determinó que el municipio sólo ha dado cumplimiento a lo decidido previamente en la materia.

Las recurridas no han dado cumplimiento al deber de coordinación al interior de la Administración del Estado, previsto en el artículo 5 de la Ley N°18.575.

El actuar del municipio genera incertidumbre e impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha franqueado la ley respecto de dichas decisiones.

El sentenciador puede y debe aplicar las normas legales que gobiernan a la cuestión de hecho, aun con prescindencia de los fundamentos jurídicos que hubiesen sido esbozados por las partes.

Por no pagar íntegra y oportunamente, de forma reiterada, las cotizaciones previsionales de los trabajadores municipales a su cargo.

Aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, rige la presunción establecida en el artículo 8, que dispone: “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”.