Además, se dispuso que el municipio debe adecuar su protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria.
La denuncia está siendo conocida por el Juzgado de Policía Local correspondiente, por lo que la pretensión perdió oportunidad; y aun así, la solicitud de demolición de obras denunciadas excede el objeto de esta acción.
El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.
La clausura del establecimiento es una sanción que se debe dirigir en contra de quien resulte infractor de la norma, por lo que no procede su imposición a una persona diferente, como es el caso del recurrente.
La Municipalidad actuó dentro del marco de las facultades que la ley le otorga, lo que lleva a descartar un actuar arbitrario o ilegal de su parte.
La inhabilitación alcanza a todas las franquicias que se puedan invocar en relación con el empleo respecto del cual operó la suspensión.
Al renovar la patente de alcoholes a otros dueños con mayor número de infracciones durante la última anualidad, la entidad edilicia infringió el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente.
El requerimiento se efectuó por el Diputado Jaime Naranjo Ortiz.
El asunto controvertido fue resuelto en el proceso sancionatorio y no se constató que la Superintendencia de Educación haya infringido la normativa aplicable.
Si bien la entidad edilicia alegó que los servicios del actor no eran necesarios, siete días antes le indicó las funciones que debía cumplir al volver de su licencia médica.
