Si bien los jueces de policía local son funcionarios municipales, en aspectos como el ingreso, las calificaciones y la aplicación de medidas disciplinarias, están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de Apelaciones.
La obligación de materializa solicitando copia de la resolución judicial en que conste la deuda, en conjunto con el avenimiento aprobado, si procede, u otro documento judicial que permita determinar de modo fidedigno esa información.
Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar funciones relacionadas con la cultura, la recreación y actividades de interés común en el ámbito local, y en su ejecución pueden utilizar bienes municipales y nacionales de uso público, pero siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de las entidades edilicias o signifiquen un menoscabo de la afectación principal de aquellos; y, solo en la medida que se enmarquen en los fines del municipio o, excepcionalmente, en casos calificados, en otros fines de interés general.
El mensaje busca no afectar el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras, para lo cual condonar la deuda originada en dichos pagos en exceso.
Los pagos anticipados de acuerdo al artículo 18 de la ley N° 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, deberán ser enterados directamente en la Tesorería General de la República.
La propuesta faculta a los municipios para que destinen temporalmente para fines de interés comunal un inmueble abandonado que esté generando problemas de seguridad o salubridad pública en la comuna lo que deberá decretarse mediante decreto alcaldicio fundado con acuerdo del Concejo Municipal.
La iniciativa busca dar solución a familias que aspiran a dar sepultura digna a sus compañeros de vida y a una comunidad completa que merece estar libre de posibles riesgos sanitarios, siendo necesario lograr coordinaciones de los municipios con los servicios de salud correspondientes y otras autoridades competentes.
En virtud del principio de legalidad del gasto público, los municipios solo pueden destinar los fondos que perciban al cumplimiento de sus funciones legales y, además, deben ingresar tales recursos a su presupuesto.
Si un empleado ha sido detenido o sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausenta del servicio, no puede percibir remuneración, pero si el proceso aludido termina por absolución o sobreseimiento definitivo, procede el pago de dichas sumas.
Los cursos y estadías de perfeccionamiento que aportan puntaje para la carrera funcionaria deben ser parte de un plan de formación reconocido por el Ministerio de Salud, estar incluidos en el programa de capacitación municipal, y cumplir con requisitos de asistencia mínima y aprobación de evaluaciones finales.
En el caso de actos administrativos dictados por el alcalde o sus funcionarios, la vía de impugnación específica es la reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, sin que exista ninguna razón para privar del ejercicio de tal acción a una persona directamente agraviada por aquél, sólo por el hecho de ser un funcionario municipal.
